Jorge Macri despilfarró $9.000 millones de los bonaerenses en encuestas políticas
En plena inoperancia del sector bonaerense, que golpea a los sectores medios y populares por igual, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió comprometer casi 9 mil millones de pesos (equivalentes a 7,3 millones de dólares) para la realización de encuestas y estudios de opinión pública, según consta en la licitación pública 623-1653.LPU24 publicada en el Boletín Oficial.
El objeto de la contratación es, textualmente, el “Servicio de Realización de Estudios de Opinión Pública, en su modalidad cuantitativa y cualitativa, dirigidos a un determinado grupo de personas y en relación a temas específicos”. La licitación no detalla ni el contenido de los estudios ni su utilidad concreta para el ciudadano común.
A pesar de que Jorge Macri prometió reducir el gasto estatal luego del revés electoral que sufrió su gestión en mayo pasado, la realidad indica otra cosa. Ni un peso menos en focus groups. Ni un solo recorte en las encuestas. El monto total a desembolsar asciende a $8.778.750.436,35, y estará a cargo del Ministerio de Hacienda de la Ciudad. En las cuatro páginas del pliego licitatorio no se incluyen informes técnicos que justifiquen semejante inversión, ni criterios objetivos de evaluación.
Un total de 24 consultoras privadas fueron seleccionadas para el reparto del millonario botín. Entre ellas figuran nombres habituales en el círculo político del PRO: Julio Francisco Antonio Aurelio, Poliarquía Consultores S.A., Isonomía, Zuban Córdoba, Opinaia, Prospectivas S.A. y Unistat Consulting S.A.
Pero sin dudas la gran favorecida es la consultora Evangelina Pérez Aramburu, quien recibirá $715.478.277,72 si se concreta la adjudicación definitiva. Pérez Aramburu no es una desconocida: es una histórica aliada del macrismo desde los tiempos de Jaime Durán Barba, y fue autora de los estudios de opinión que marcaron la estrategia política del PRO en la última década. En 2019, sus informes sirvieron para trazar líneas clave de la ”gestión” de Horacio Rodríguez Larreta.
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El documento publicado lleva la firma de la directora general Marisa Andrea Tojo, y aclara que el período de impugnación es de tres días hábiles a partir del primer día hábil posterior a su publicación. En términos legales, la adjudicación “fue aconsejada por ofertas más convenientes, en un todo de acuerdo con lo establecido en los artículos 100 y 102 de la Ley N.º 2.095 (texto consolidado por Ley N.º 6.764), cuya reglamentación se encuentra en los artículos 100 y siguientes del Decreto N.º 129/23”.
