La UNLaM le abrió las puertas a la SIGEN y se dejó auditar por el Gobierno de Milei
En el contexto del plan de auditoría de los gastos en las universidades públicas, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, representantes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) mantuvieron un encuentro con las autoridades de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM).
En paralelo, presentaron una solicitud ante la Justicia para que la Universidad de Buenos Aires (UBA) “presente la documentación referida a la utilización de fondos públicos“.
El rector de la UNLaM, Daniel Martínez, recibió al síndico general de la Nación, Miguel Blanco, junto con sus adjuntos Santiago Herrera y Marcelo Bailo. Durante la reunión, se abordaron los procedimientos a seguir, la documentación requerida, y las principales actividades previstas a corto plazo.
Además, se asignaron responsables específicos para cada organismo, al tiempo que se planificaron acciones conjuntas y se establecieron fechas tentativas para obtener los primeros resultados. De esta manera, la UNLaM demuestra su compromiso con la transparencia y, al contrario de la UBA, se deja auditar.
Por otra parte, Blanco presentó ayer un escrito en la Justicia solicitando que la UBA “presente la documentación referida a la utilización de los fondos públicos que le son asignados por el Poder Ejecutivo Nacional“.
En el documento se detalla que la SIGEN, como organismo rector del sistema de control interno, no tiene intenciones de auditar aspectos académicos como los planes de estudio, el contenido curricular, la elección de autoridades, ni la libertad de cátedra, ni tampoco de nombrar al auditor interno de la UBA. Estos aspectos son ajenos al propósito de la auditoría que se realiza.
En este sentido, el contenido de la demanda apunta a que la justicia instruya a la Universidad de Buenos Aires a brindar información sobre el destino de los fondos públicos y cómo fueron ejecutados.
SIGEN solicitó que se requiera a la UBA “a rendir cuenta documentada de los fondos transferidos por el Tesoro Nacional“, lo cual es fundamental para cumplir con su rol en el control interno, complementario al control externo de la Auditoría General de la Nación (AGN).
El Gobierno de Milei destacó que hasta el año 2022 “era habitual esta rendición de cuentas, y que ese año fue interrumpida por un dictamen emitido por el entonces procurador del tesoro nacional, Carlos Zannini“.
El 22 de octubre pasado, la SIGEN envió una notificación al rectorado de la UBA, informando el inicio de la auditoría en esa universidad.
Sin embargo, la UBA se excusa con que la Sindicatura “no posee las competencias para auditar a las universidades“, aunque aclara que no se opone a las auditorías.
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“Queremos ser auditados todo lo que sea necesario dentro del marco de las leyes y las instituciones“, declararon sus autoridades en una conferencia de prensa reciente.
La SIGEN solicitó que la UBA facilite “la normativa interna para la aprobación y autorización de gastos; las normas reglamentarias del circuito de compras y contrataciones; y el detalle de las adquisiciones realizadas a través de los fondos transferidos por la cartera de Educación“, entre otros puntos.
Esta semana, el juez en lo contencioso administrativo federal Diego Cormick otorgó un plazo de cinco días al Gobierno para que presente un informe en respuesta a los argumentos de la UBA contra la SIGEN.
Cormick quedó a cargo del caso tras un sorteo, luego de que la UBA recusara a la jueza originalmente asignada, Rita Ailán. El rectorado había presentado una “acción declarativa de certeza” para que la Justicia determine si la SIGEN tiene competencia para auditarla, y solicitó una medida cautelar que suspenda la auditoría mientras se resuelve.
